El Registro Civil en España. Estudio Comparativo con otros Ordenamientos y Protección Penal


¡¡¡NUEVO!!!

La Constitución de 1978 sitúa a las personas y a sus derechos en el centro de la acción pública. Y ese inequívoco reconocimiento de la dignidad y la igualdad ha supuesto el progresivo abandono de construcciones jurídicas de épocas pasadas que configuraban el estado civil a partir del estado social, la religión, el sexo, la filiación o el matrimonio.
La importancia del Registro Civil demanda la adopción de un modelo que se ajuste tanto a los valores consagrados en la Constitución de 1978 como a la realidad actual de la sociedad española.
Asimismo, la misión del Registro civil determina que, se conciba como instrumento para la constancia oficial de la existencia, estado civil y condición de las personas.

En relación a la Ley de 8 de junio de 1957, la inscripción constituye la prueba de los hechos inscritos, con todo su intrínseco valor —no meramente procesal— que encierra la expresión; pero la eficacia del Registro queda fortalecida al establecer que aquella prueba sólo puede discutirse en los procedimientos establecidos en la Ley.
Aunque la vigente Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, ha dado muestras de su calidad técnica y de su capacidad de adaptación a lo largo de estos años, es innegable que la relevancia de las transformaciones habidas en nuestro país exige un cambio normativo en profundidad que, recogiendo los aspectos más valiosos de la institución registral, la acomode plenamente a la España de hoy, cuya realidad política, social y tecnológica es completamente distinta a la de entonces.
Por este motivo, la Ley de 21 de julio de 2011  –en vacatio legis hasta el 30 de junio de 2017- abandona la vieja preocupación por la constatación territorial de los hechos concernientes a las personas, sustituyéndola por un modelo radicalmente distinto que prioriza el historial de cada individuo, liberándolo de cargas administrativas y equilibrando la necesaria protección de su derecho fundamental a la intimidad con el carácter público del Registro Civil.
En este sentido, la Ley de 21 de julio de 2011 suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones -nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales- y crea un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción que se practique se le asigna un código personal.
Asimismo, en esta Ley se incorpora tanto la Convención de los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007.
La modernización del Registro Civil también hace pertinente que su llevanza sea asumida por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado, cuyo cometido constitucional es juzgar y ejecutar lo juzgado.
En efecto, la aplicación al Registro Civil de técnicas organizativas y de gestión de naturaleza administrativa permite una mayor uniformidad de criterios y una tramitación más ágil y eficiente de los distintos expedientes, sin merma alguna del derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva, pues todos los actos del Registro Civil quedan sujetos a control judicial.
Se debe deslindar con claridad las tradicionales funciones gubernativas y judiciales que por inercia histórica todavía aparecen entremezcladas en el sistema de la Ley de 1957, y aproximar nuestro modelo de Registro Civil al existente en otros países de nuestro entorno, en los que también se ha optado por un órgano o entidad de naturaleza administrativa con el fin de prestar un servicio público de mayor calidad, sin perjuicio de la garantía judicial de los derechos de los ciudadanos.
Esa misma vocación modernizadora hace que se diseñe un Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente.
El Registro Civil se configura como una base de datos única que permite compaginar la unidad de la información con la gestión territorializada y la universalidad en el acceso. Este salto conceptual, que implica la superación del Registro físicamente articulado en libros custodiados en oficinas distribuidas por toda España, obliga a un replanteamiento de toda su estructura organizativa, que ahora ha de tener por objetivo principal eximir al ciudadano de la carga de tener que acudir presencialmente a las oficinas del Registro.
Un Registro Civil electrónico exige una estructura organizativa bien distinta de la actual. Estructura que, además, ha de tener presente a las Comunidades Autónomas.

Objetivo material de la asignatura:

  • – Análisis de lo que representa el registro civil en general en nuestro ordenamiento.
  • – Estudio de su régimen jurídico así como las normas que rigen el funcionamiento del Registro Civil  en sus diferentes aspectos (Ley de Registro Civil y Reglamento).
  • – Análisis del proceso de reforma del Registro Civil.
  • – Coordinación con otros sistemas de identificación del individuo.
  • – Ofrecer una visión del funcionamiento del Registro y sus diferentes asientos.
  • – Protección penal de los diferentes bienes jurídicos que configuran el Registro Civil y sus efectos.

Objetivo formal de la asignatura:

  • – La resolución de supuestos prácticos que el profesor proporciona al alumno en cada uno de los módulos del programa.
  • – La aportación de material didáctico doctrinal y jurisprudencial.

Objetivo total:

  • – Ofrecer una visión global de lo que representa el sistema de publicidad registral en España como instrumento de identificación del individuo.

Clases teóricas, con exposición de casos prácticos sobre el procedimiento y calificación de documentos públicos previos a la inscripción en el Registro. Valoración de los diferentes elementos esenciales del negocio jurídico y efectos de la calificación registral.

PROGRAMA

I. Derecho registral civil

  1. 1. Estudio de la legislación registral y sus sucesivas reformas.
  2. 2. La actual Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957 y la nueva Ley de Registro Civil 20/2011, de 21 de julio –en vacatio legis-. Análisis comparativo.
  3. 3. Concepto y funciones del Registro Civil.
  4. 4. Hechos y actos inscribibles.
    1. + En la legislación del Registro Civil de 1957: nacimiento, filiación, nombre y apellidos, emancipación y habilitación de edad, modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o que estas han sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos, declaraciones de ausencia o fallecimiento, nacionalidad y vecindad civil, patria potestad, tutela y demás representaciones que señala la ley, matrimonio, defunción.
    2. + El artículo 4 de la Ley de Registro Civil de 2011. Sus diferencias con el artículo 1 de la Ley de Registro Civil de 1957.
  5. 5. Organización del Registros Civil.
    1. + Clases de Registro Civil en la Ley de 8 de junio de 1957.
    2. + Oficinas registrales en la Ley de 21 de julio de 2011.
  6. 6. Competencias de los Registros Civiles.
  7. 7. Secciones del Registro Civil en la Ley de 8 de junio de 1957.
  8. 8. El Registro individual en la Ley de 21 de julio de 2011.
  9. 9. Asientos registrales.
    1. + Clases de asientos registrales en la Ley de 8 de junio de 1957.
    2. + Los asientos registrales en la Ley de 21 de julio de 2011.
    3. + Inscripciones.
      1. – Concepto.
      2. – Clases de inscripciones.
    4. + Anotaciones.
      1. – Concepto
      2. – Clases
      3. – Efectos.
    5. + Notas marginales.
      1. – Concepto.
    6. + Cancelaciones
      1. – Concepto y causas.
    7. + Indicaciones.
      1. – Concepto
      2. – Efectos
  10. 10. Publicidad del registro Civil.
  11. 11. Rectificación del Registro Civil.
    1. + Concepto y supuestos.
  12. 12. La informatización y la accesibilidad electrónica del Registro. Firma electrónica.
  13. 13. Estudio comparativo con otras formas organizativas registrales. En especial, con el derecho dominicano.

II. Conexiones funcionales con el Derecho Penal.

  1. 1. Introducción. Subsidiariedad del Derecho Penal.
  2. 2. Constitución y bien jurídico: fe pública, institución y relaciones familiares, filiación, estado civil, …. Otros posibles bienes jurídicos.
  3. 3. Diferentes tipos penales, sujetos y elementos del delito:
    1. + Falsedades: falsedad documental, de documentos y certificados, falsificaciones personales, estado civil, funciones públicas, intrusismo.
    2. + Delitos contra las relaciones familiares: matrimonios ilegales, suposición de parto, alteración de la paternidad, estado civil y condición del menor.
    3. + Régimen de responsabilidad civil ex delicto y efectos en delitos contra la libertad e indemnidad sexual, perseguibilidad, filiación, alimentos y régimen procesal de acumulación de acciones en el proceso penal.
    4. + Otros tipos penales: prevaricación de funcionario público, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, actividades prohibidas a los funcionarios, limitaciones a la libertad sexual.
    5. + Delitos contra la administración de justicia: prevaricación judicial, acusación y denuncias falsas, simulación del delito, falso testimonio, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional.
  4. 4. Valoración final: Criminológica y político criminal de los diferentes tipos penales. Particular referencia a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
  • – Mª Asunción Linacero de la Fuente. Catedrática Acreditada de Derecho Civil. UCM
  • – Ana Isabel Berrocal Lanzarot. Profesora Contratada Doctora de Derecho Civil. UCM. Directora del curso.
  • – Fernando Santa Cecilia García. Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal y Criminología. UCM. Codirector del curso.
  • – Mª Victoria Tenajas López. Registradora de la Propiedad en Aranjuez. Madrid

DURACIÓN

  • – Del 27 de marzo al 1 de abril de 2017.

NÚMERO DE PLAZAS

  • – 25 plazas

PRECIO

  • – 180 euros.